Las víctimas de violencia de género renuncian peligrosamente a sus derechos en mutuos acuerdos

Una problemática judicial en el ámbito de la violencia de género

La Fiscalía General del Estado ha manifestado su profunda preocupación sobre un fenómeno judicial persistente y desgarrador. En un contexto ya teñido de vulnerabilidad, muchas víctimas de violencia de género se ven forzadas a renunciar a sus derechos mediante mutuos acuerdos que benefician a los agresores en los tribunales. Tal es la desventaja que enfrentan, que la fiscal Teresa Peramato, recientemente propuesta para jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, destaca la urgencia de abrir un debate nacional sobre este tema.

Los llamados "mutuos acuerdos", una figura del derecho civil bien intencionada en apariencia, permiten a las partes resolver sus disputas fuera de un juicio prolongado y a menudo traumático. Sin embargo, en casos de violencia de género, estas negociaciones proceden desde un punto de desequilibrio inherente, donde las víctimas renuncian a beneficios como pensiones alimenticias, viviendas o protección legal adecuada para sus hijos. Peramato denuncia que estas conformidades actuales pueden llegar a ser devastadoras.

El riesgo de los acuerdos en la violencia vicaria

El riesgo de estos acuerdos se magnifica en casos de violencia vicaria, una cruel extensión de la violencia machista donde los hijos se convierten en instrumentos del maltrato psicológico hacia las madres. Un trágico ejemplo de esto ocurrió en abril, cuando dos menores fueron asesinadas por su padre durante un régimen de visitas acordado judicialmente. El sistema, inevitablemente distorsionado por el abuso, permitió el contacto a pesar de los antecedentes de violencia extrema.

La situación plantea preguntas fundamentales sobre si las víctimas, bajo una presión abrumadora, pueden tomar decisiones libres y sin coacción. La respuesta podría cambiar dependiendo del contexto, pero las implicaciones son indiscutiblemente graves. Además, Peramato sugiere la necesidad de un cauce procesal que permita a los fiscales solicitar pruebas exhaustivas sobre la idoneidad de estos acuerdos, velando siempre por el interés superior del menor y la seguridad de las víctimas.

Desigualdad territorial en el acceso a la justicia

Paralelamente, resurge el problema de la desigualdad territorial en el acceso a la justicia especializada en violencia de género. En España, solamente el 63% de las víctimas tienen este acceso, con disparidades significativas entre las comunidades autónomas. Mientras en Madrid y Valencia el acceso supera el 87%, en Castilla y León, por ejemplo, no alcanza el 30%. Esta falta de homogeneidad provoca una justicia desigual y fragiliza aún más la protección a las víctimas.

Hacia una justicia más equitativa y protectora

La Fiscalía ha solicitado reformas procesales, introduciendo cambios que fortalezcan la defensa de las víctimas de violencia de género. Estas propuestas abordan la especialización judicial, la imposición de medidas cautelares, y el reconocimiento de nuevas formas de violencia económica y digital. El objetivo es claro: construir un entramado legal que soporte a las víctimas de manera integral.

Tal como se debaten los grandes retos globales, desde la física cuántica hasta las teorías económicas, el abordaje de la violencia de género en el ámbito judicial debe ser igualmente multidisciplinario y urgente. Los cambios deben ser robustos, pues el sufrimiento de cada víctima es una grieta en la estructura social misma de la equidad y la justicia. El eco del grito de las víctimas resuena en la conciencia colectiva, convocando a una reacción del estado de derecho que sea firme e inequívoca.